Fiscal anticorrupción acusó a funcionaria municipal y a una suboficial por expedición de Certificados de Vida y Residencia irregulares

 

El agente fiscal Leonardi Guerrero, de la Unidad Especializada n°. 6 de Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló acusación en contra de Mabel Corvalán Achucarro (funcionaria de la Dirección de Tránsito de la municipalidad de San Lorenzo) y Nilsa Evelin Morel Giménez (suboficial), por la presunta comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso; uso de documento públicos de contenido falso y cohecho pasivo agravado. Solicitó, además, la elevación de la causa a juicio oral y público. Las mismas son sindicadas de formar parte de un mecanismo que emitía irregularmente el referido documento, exigido a los contribuyentes para la renovación del registro de conducir. 

De acuerdo al antecedente de la causa, en fecha 4 de abril de 2023, la Abg. Carol Flores Imas, de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción de la Municipalidad de San Lorenzo, denunció ante el Ministerio Público la comisión de presuntos hechos punibles cometidos dentro de la comuna por parte de funcionarios no identificados. Presumiblemente serían de la Dirección de Tránsito o dependencias vinculadas al mismo, como así también en la mesa de informes, en connivencia con agentes policiales. 

Los funcionarios habrían obtenido certificados de vida y residencias falsos y otros requisitos exigidos para expedir renovación de registro de conducir instalándole sellos respectivos de la Policía Nacional a cambio de pagos de sumas de dinero que no se hallan dentro del arancel municipal para dicho efecto.

Los elementos colectados durante la investigación señalan que la señora Mabel Corvalán Achucarro, funcionaria activa de la Municipalidad de San Lorenzo, en connivencia con el personal policial, subficial Nilsa Evelin Morel Giménez, del puesto policial 24 de Junio de San Lorenzo, se dedicaba a la obtención de certificados de manera irregular, obteniendo beneficios personales como sumas de dinero u otros enseres. El presunto modus operandi sería la agilización del referido trámite por 25 o 30 mil guaraníes. Cuando el contribuyente pretendía renovar su registro de conducir, la funcionaria tomaba fotografías de la cédula de identidad y lo enviaba vía WhatsApp, a la suboficial Nilsa Morel para la expedición del documento.